Los tentáculos del crimen organizado: un desafío global

Los efectos del crimen organizado se han hecho notar en todos los rincones del mundo, manifestándose a través de un alarmante aumento en la violencia y la desigualdad. Según datos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), actualmente el 83% de la población mundial habita en países con niveles elevados de violencia, un escenario que no deja de crecer a medida que las crisis y conflictos bélicos se intensifican.

David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas (ICAIE), destaca que los criminales han evolucionado para convertirse en influyentes actores económicos, desde las selvas del Amazonas hasta los puertos y zonas de libre comercio del Golfo. Este fenómeno da lugar a economías ilícitas que generan un impacto considerable en la economía global. “Es un mundo oscuro que tiene enormes consecuencias sobre nuestras vidas. El crimen y la violencia están incrustados en la sociedad y lastran el crecimiento, frenan la inversión y provocan más desigualdad”, aseguró Luna, exdiplomático y funcionario de seguridad nacional en Estados Unidos.

Las actividades ilegales, que incluyen el tráfico de personas, la falsificación, el narcotráfico y la ciberdelincuencia, generan un costo global superior a 19 billones de dólares, cifra que supera incluso el PIB de naciones como China. Este tipo de criminalidad no solo afecta la seguridad de los países, sino que también crea un entorno desfavorable para las inversiones legítimas y amplía la brecha de desigualdad entre diferentes sectores de la población.

La expansión del crimen organizado plantea un reto formidable para las democracias, que se hallan bajo presión constante. En este contexto, es imperativo que se tomen medidas efectivas para frenar esta ola de criminalidad y sus efectos devastadores en la sociedad.

La lucha contra el crimen organizado es una responsabilidad compartida que requiere la cooperación internacional, así como un compromiso decidido de los gobiernos en la promoción de políticas que fortalezcan el estado de derecho y la justicia social. Como ciudadanos, debemos mantenernos informados y exigir acciones contundentes a nuestras autoridades para enfrentar este desafío global.