Asesinato de testigo en caso Ayotzinapa: un nuevo obstáculo para la verdad

El asesinato de Patricio Reyes Landa, mejor conocido como "Pato", se registró el pasado sábado en su hogar ubicado en Jilotepec, en el norte del Estado de México. La fiscalía estatal ha confirmado esta información a EL PAÍS, lo que añade un nuevo capítulo oscuro al complicado entramado del caso Ayotzinapa. Reyes Landa fungía como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, supuestamente bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos, en el que forman parte otros reconocidos delincuentes como Gildardo López Astudillo, alias "Gil".

El impacto de su asesinato podría ser significativo, ya que Reyes Landa era considerado un testigo central en la investigación de uno de los incidentes más controversiales y trágicos de la historia reciente de México. Desde su papel en el caso, "Pato" había revelado detalles que se esperaban aclararan los oscuros sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, las circunstancias de su muerte siembran dudas sobre si estaba siendo protegido por la justicia o si su colaboración había puesto en peligro su vida.

De acuerdo con informes previos, Reyes Landa había sido torturado por las autoridades durante la administración de Enrique Peña Nieto, lo que resultó en la encarcelación del exfiscal de la causa, Tomás Zerón, por su actuación durante la investigación. La historia de "Pato" revela un ciclo de violencia y complicidad que ha marcado este caso, llevando a muchas familias a una amarga espera de justicia.

Con su fallecimiento, se cierra una puerta más en la búsqueda de respuestas respecto a lo sucedido aquella noche en Iguala. Las autoridades han quedado en la obligación de esclarecer no solo su asesinato, sino también el conflicto general que envuelve el caso, que ha causado un profundo impacto en la sociedad mexicana.

Es imperativo que la administración actual y las instancias de justicia tomen cartas en el asunto. La esperanza de justicia para las familias de los desaparecidos está anclada en la capacidad de la FGR y otras instituciones para llevar adelante investigaciones sin interferencias del crimen organizado. Como sociedad, no podemos permitir que la verdad siga siendo un bien escaso.